Existe un mito que afirma que el alzamiento militar fue secundado unánimemente en Salamanca, que se adhirió al bando nacional desde el principio. Sin embargo, los ponentes que participaron en el acto “40 años de represión franquista: también en Salamanca”, aportaron datos documentales, extraídos de sus estudios historiográficos, que demuestran como las fuerzas vivas de la derecha española ejecutaron un plan cuya finalidad era acabar por la vía violenta con cualquier oposición al golpe militar. Tanto la intervención de Severiano Delgado como la de Santiago Vega demostraron como militares, falangistas y políticos de la CEDA pusieron todo su empeño en convertir en realidad la orden del general Mola que incitaba a “Extender el Terror”. Para ello, crearon a la vez otro mito: la violencia social como detonante de la guerra.El presidente e la Asociación Memoria y Justicia, Severiano Delgado, explicó pormenorizadamente el proceso mediante el cual el trío formado por Ejército, Iglesia y terratenientes desestabilizó, ya en tiempos del Gobierno republicano, las reformas llevadas a cabo por la Democracia. Estas tres realidades no podían permitir que el Gobierno pusiese en marcha cambios sociales como la Reforma Agraria y la Educativa, la separación entre Iglesia y Estado o la creación de un cuerpo de policía que se ocupase del orden público, en detrimento del ejército y la Guardia Civil.
Para alcanzar sus objetivos, los representantes de la Vieja España contaron con el apoyo logístico de la CEDA de Gil Robles, que llevó a cabo una campaña de sabotaje a las medidas republicanas mediante prácticas mafiosas como la extorsión al campesinado y la compra de votos. Del trabajo más sucio se encargó a la Falange, particularmente a partir del 18 de Julio, fecha del alzamiento militar. Los Falangistas se permitieron el lujo de secuestrar, pasear y ejecutar no sólo a políticos y sindicalistas, si no también a profesionales como maestros, médicos y policías.
Dos instituciones democráticas centraron los intentos terroristas de la derecha española: Las casas del pueblo, aglutinadoras de la vida social y cultural en el medio rural, y La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que organizaba la Reforma Agraria. Maestros y alcaldes también fueron objetivos prioritarios de la represión violenta. Una represión que acabó con la vida de, al menos, 15 ediles municipales y 233 docentes. Entre los primeros destacan las ejecuciones de Casto Prieto, alcalde salmantino de Izquierda Republicana y José Andrés Manso, diputado por Salamanca. Durante el primer año que sucedió al alzamiento militar, la prisión provincial, con capacidad para 100 presos, recluyó a más de mil personas.
El historiador Santiago Vega, ahondó en el análisis de su compañero de mesa redonda. Según Vega “había un sistema democrático que se empeñó en implantar la justicia y los poderosos se organizaron para frenar las reformas por la vía más sanguinaria posible”. El presidente del Foro por la Memoria de Segovia concluyó su intervención pidiendo que el Estado “deje de lavarse las manos con las exhumaciones de fosas comunes”.
