jueves, 13 de noviembre de 2008

LA ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA DE SALAMANCA CRITICA LA ACTITUD DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL ANTE EL AUTO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

La asociación Foro por la Memoria de Salamanca considera que la actitud de la Fiscalía entorpeciendo la continuación de las excavaciones de las fosas de los desaparecidos de la guerra civil no hace otra cosa que ir en contra de la llamada Ley de la Memoria Histórica 52/2007, siendo dicha actitud contraria a lo dispuesto en el artículo 11, que recoge la colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas.

Sin entrar en el fondo jurídico del recurso de la fiscalía ante la Audiencia Nacional, suponiendo que la misma tiene sobradas razones jurídicas para obrar de esa manera, desde el Foro por la Memoria no entendemos la premura con la que ha actuado para paralizar la excavación de las fosas comunes ordenadas por el Juez Garzón, yendo en contra del espíritu de la ley antedicha.

El mencionado artículo 11 dispone que las administraciones públicas han de facilitar a los ciudadanos que lo soliciten las tareas de localización y en su caso de identificación de los desaparecidos. La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha apresurado a solicitar la paralización de la apertura de las fosas comunes ordenada por el Juez Baltasar Garzón en su auto. Si tenemos en cuenta que la fiscalía es un organismo público que pagamos todos los contribuyentes, podemos considerar que es una de esas administraciones públicas que están obligadas a facilitar el cumplimiento de la ley.

Desde nuestro punto de vista, el cometido de la fiscalía es velar por el cumplimiento de las leyes y si las mismas son incumplidas ejercer su poder acusatorio sobre aquellos presuntos delincuentes que hayan vulnerado la ley, lo que no deja de extrañar es que en el caso que nos ocupa es la misma fiscalía la que incumple la ley, ya que no “facilita” las tareas de identificación de los desaparecidos sino que “entorpece” dichas tareas y les pone “clavos y espinas” en el camino.

Si bien es cierto que ha de ser el Poder Ejecutivo el que establezca los cauces para la completa ejecución de la Ley, ante su pasividad, habiéndose limitado el gobierno a promulgar una ley de reconocimiento de derechos para las víctimas de la guerra civil y para sus familiares (sin dotarla económicamente y limitándose a enunciar derechos, pero no estableciendo los cauces para el ejercicios de dichos derechos), el poder judicial, a través del auto de Garzón, ha intentado cumplir lo dispuesto en dicha ley y la FISCALÍA está intentando que lo previsto en una “Ley Vigente” no se cumpla.

Criticamos y no entendemos, en primer lugar, los motivos por los cuáles las Fiscalía, IPSO FACTO, planteó un recurso contra el auto del Juez Garzón en el que se declaraba competente para investigar los delitos de los crímenes cometidos contra los muertos y desaparecidos del bando republicano y en segundo lugar POR QUÉ con tanta premura solicitó la paralización de las excavaciones de las fosas comunes. Suponemos que la razón hay que buscarla en ese argumento tan “manido” de “NO REMOVER LA HISTORIA” y la “MODÉLICA TRANSICIÓN ESPAÑOLA”. La reparación de los derechos de las víctimas 70 años después no supone remover la historia sino el reconocimiento del esfuerzo ímprobo que hicieron determinados colectivos por luchar por mantener la legalidad vigente y devenida de unas elecciones generales ganadas por el Frente Popular en Febrero de 1936.

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